Periodistas asesinados en Ecuador: el caso Tomás Beltrán expone fallas en la protección estatal
El comunicador fue asesinado en Manabí tras recibir amenazas y acceder a un programa de protección. Organizaciones de prensa denuncian falta de recursos, deficiencias operativas e impunidad en los crímenes contra periodistas.
El asesinato de Tomás Alfonso Beltrán Conforme, ocurrido el 8 de noviembre en Calceta, Manabí, volvió a poner bajo atención la protección de periodistas en Ecuador. El director del medio digital Calcetines había denunciado amenazas de muerte y recibió protección estatal desde 2025. Sin embargo, varios hombres armados lo atacaron cuando llegaba a su vivienda.
Su caso se suma a una serie de agresiones y asesinatos contra periodistas ecuatorianos. Fundamedios documentó seis comunicadores asesinados durante 2025. La organización también advierte sobre dificultades para identificar y juzgar a los responsables intelectuales de estos crímenes.
El asesinato de Beltrán plantea nuevas preguntas sobre los sistemas estatales encargados de proteger a comunicadores amenazados. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), Fundamedios y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigen esclarecer el ataque y revisar las medidas que recibió.
Tomás Beltrán denunció amenazas antes de su asesinato
Beltrán dirigía Calcetines, un medio comunitario que publicaba información sobre la administración pública y acontecimientos locales.
En abril de 2026 recibió amenazas después de presentar una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra una autoridad municipal. Además, en 2023 desconocidos atacaron su vehículo con sustancias químicas.
Dos colaboradores de su plataforma informativa también murieron durante un ataque armado registrado en abril de 2026.
El periodista había ingresado al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) de la Fiscalía en mayo de 2025.
Según César Ricaurte, director de Fundamedios, las medidas incluían patrullajes policiales en su sector. Organizaciones de protección habían advertido que esas acciones no respondían adecuadamente al riesgo.
Protección de periodistas en Ecuador: ¿qué establece la normativa?
Ecuador cuenta con dos mecanismos para atender situaciones de riesgo relacionadas con amenazas y agresiones.
El primero es el SPAVT de la Fiscalía, que protege a víctimas, testigos y otros participantes en procesos penales. El Código Orgánico Integral Penal reconoce el derecho a recibir protección especial.
Según la Fiscalía, el sistema contempla acompañamiento psicológico, evaluación de riesgos y protección policial. Las medidas pueden incluir visitas programadas, patrullajes domiciliarios y custodia permanente en situaciones de peligro extremo.
El segundo es el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, coordinado por el Consejo de Comunicación. Su función es recibir alertas, evaluar situaciones de riesgo y articular respuestas con las instituciones competentes.
El mecanismo tiene sustento en la Ley Orgánica de Comunicación y cuenta con un reglamento de funcionamiento actualizado en septiembre de 2026.
¿Por qué organizaciones de prensa cuestionan la protección estatal?
Las críticas se concentran en la disponibilidad de recursos, el seguimiento de amenazas y la capacidad de ejecutar medidas oportunas.
Fundamedios ha señalado que algunos periodistas amenazados reciben patrullajes ocasionales, aunque las circunstancias requieren acciones más amplias.
En el caso de Beltrán, Reporteros Sin Fronteras participó en gestiones para trasladarlo temporalmente fuera de Calceta. El periodista pasó por Quito y Ambato, pero posteriormente regresó a Manabí por motivos familiares.
RSF informó que durante uno de sus desplazamientos no recibió acompañamiento policial. También señaló que los funcionarios consultados no pudieron confirmar si las medidas del SPAVT seguían vigentes cuando ocurrió el asesinato.
A estas dificultades se suma la falta de presupuesto específico para la protección directa de periodistas, denunciada por organizaciones gremiales.
Otros asesinatos muestran los riesgos de las medidas de seguridad
La violencia también ha alcanzado a autoridades políticas y funcionarios penitenciarios que enfrentaban amenazas o desempeñaban cargos de riesgo.
Entre los casos están el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, en julio de 2023, y el del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del mismo año.
En 2024 fueron asesinados Brigitte García, alcaldesa de San Vicente; Damián Parrales, director de la cárcel El Rodeo, y María Daniela Icaza, directora encargada de la Penitenciaría del Litoral.
Estos hechos ocurrieron en circunstancias diferentes, pero forman parte del debate sobre las condiciones de seguridad de personas expuestas a amenazas.
En el caso de Villavicencio, la justicia condenó a cinco participantes del asesinato y abrió una investigación sobre la presunta autoría intelectual. El 5 de noviembre de 2026, un juez llamó a juicio a siete procesados dentro de esa segunda causa.
Seis periodistas asesinados en 2025 y cuestionamientos por la impunidad
Fundamedios confirmó que durante 2025 seis periodistas y comunicadores murieron de forma violenta en Ecuador.
Entre las víctimas están Patricio Aguilar, asesinado en Quinindé; Sebastián Rivadeneira, en Manta; Xavier Ramos, en Guayaquil; Fernando Álvarez, en Salitre; Robinson del Pezo, en La Libertad, y Darwin Baque, en Guayaquil.
En un informe publicado el 2 de noviembre de 2026, la organización advirtió que los procesos judiciales por crímenes contra la prensa presentan dificultades para alcanzar a quienes ordenan los asesinatos.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas también denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la impunidad en estos casos y las deficiencias de los mecanismos de protección.
Consejo de Comunicación anuncia medidas tras el asesinato
Después del crimen de Tomás Beltrán, el Consejo de Comunicación anunció una sesión extraordinaria para revisar los antecedentes del caso.
La institución también solicitó una investigación que contemple el trabajo periodístico de Beltrán entre las posibles líneas del caso.
Además, planteó evaluar los riesgos que enfrentan sus familiares y colaboradores, junto con las medidas de protección que podrían necesitar.
Las organizaciones de prensa mantienen sus pedidos de esclarecimiento del asesinato y fortalecimiento de los mecanismos estatales.
El caso Beltrán también deja pendiente conocer qué medidas específicas ejecutaron las instituciones, cómo evaluaron su riesgo y qué seguimiento realizaron a las amenazas anteriores.






