Hasta 26 años de cárcel propone reforma contra el reclutamiento de menores
Asamblea debatirá aumento de penas por reclutar menores para bandas criminales.
El proyecto llegará al segundo debate el 29 de septiembre y plantea aumentar la sanción actual de 10 a 13 años hasta un máximo de 26 años de prisión.
La Asamblea Nacional debatirá este martes 29 de septiembre de 2026 una reforma que propone castigar con hasta 26 años de cárcel el reclutamiento de menores por parte de bandas y estructuras criminales.
El proyecto, presentado por la asambleísta Valentina Centeno, de Acción Democrática Nacional, llegará al segundo debate después de que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana aprobara el informe con siete votos.
La propuesta todavía deberá superar la votación del Pleno antes de continuar con el trámite legislativo.
Reclutamiento de menores tendría penas de 22 a 26 años
Actualmente, el artículo 127 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el reclutamiento o enlistamiento de niños, niñas y adolescentes con una pena de 10 a 13 años de prisión.
La reforma plantea elevar la sanción a un rango de 22 a 26 años. Además, incorporará los verbos “usar” y “utilizar” junto con “reclutar” y “enlistar”.
Con este cambio, el delito abarcaría otras formas mediante las cuales las organizaciones criminales involucran a menores en actividades ilícitas, aunque no exista un proceso formal de incorporación a la estructura.
Fiscalía protegería la identidad de los denunciantes
El proyecto también propone preservar la identidad de las personas que denuncien ante la Fiscalía casos relacionados con el reclutamiento o utilización de menores.
La medida busca facilitar la entrega de información sobre estas actividades y reducir los riesgos para familiares, docentes, dirigentes comunitarios y ciudadanos que conozcan posibles casos.
Asimismo, el texto contempla mecanismos de detección temprana, atención integral y acompañamiento para los menores captados por organizaciones criminales.
GAD deberán establecer medidas de prevención
La reforma modifica 15 cuerpos legales y asigna nuevas responsabilidades a municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
Los gobiernos autónomos descentralizados deberán incluir en sus ordenanzas de espectáculos públicos disposiciones que prohíban la promoción, apología o glorificación de delitos.
Además, tendrán que impulsar acciones destinadas a prevenir la vinculación de niños y adolescentes con actividades criminales dentro de espacios comunitarios, culturales, deportivos y recreativos.
La propuesta también fortalece el papel de las juntas cantonales de protección de derechos para generar registros y emitir alertas tempranas ante posibles casos de captación.
Entidades elaborarán mapas de riesgo
Los ministerios de Educación, Interior y Salud deberán coordinar la elaboración de mapas de riesgo para identificar instituciones educativas y sectores con mayor exposición al reclutamiento delictivo y al consumo de drogas.
El proyecto incluye medidas de prevención dentro de establecimientos educativos y entornos digitales. Además, plantea servicios especializados de salud mental, becas, ayudas económicas y programas deportivos para las víctimas.
Los menores rescatados de estas estructuras deberán recibir atención estatal y acompañamiento para su reintegración familiar, educativa y comunitaria.
Reforma alcanza 15 cuerpos legales
La propuesta modifica, entre otras normas, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Educación Intercultural y la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
También incorpora reformas relacionadas con salud mental, prevención de adicciones, educación superior, deporte, cultura y actuación judicial.
La Comisión de Transparencia aprobó el informe para segundo debate el 22 de septiembre. Ahora el Pleno deberá decidir si aprueba el aumento de las penas y las medidas de prevención previstas en el proyecto.
