Asamblea aprueba Ley Antimafias en Ecuador: penas de hasta 60 años y nuevos delitos
Con 85 votos a favor y 61 en contra, el Legislativo aprobó reformas para sancionar a integrantes y colaboradores de organizaciones criminales. El proyecto también contempla la recuperación de bienes ilícitos y medidas de protección para jueces.
La Asamblea Nacional aprobó la Ley Antimafias en Ecuador este lunes 9 de noviembre de 2026, con 85 votos a favor y 61 en contra. El proyecto incorpora nuevos delitos, endurece las sanciones contra organizaciones criminales y permite acumular penas de hasta 60 años de prisión en circunstancias excepcionales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, recibió el respaldo del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. Revolución Ciudadana votó en contra.
La normativa reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial. También incorpora mecanismos para combatir el financiamiento del crimen organizado
Ley Antimafias en Ecuador: penas acumuladas de hasta 60 años
Uno de los principales cambios permite elevar de 40 a 60 años el límite de acumulación de penas.
Esta disposición se aplicará cuando una persona reciba condenas por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes. Además, la suma de las penas individuales deberá superar los 40 años.
En esos casos, el tribunal podrá acumular las condenas hasta el doble de la pena más grave, sin exceder 60 años. Para las demás situaciones se mantiene el límite general de 40 años.
La reforma también amplía las sanciones contra quienes financien, dirijan o colaboren de manera consciente con organizaciones criminales.
Nuevas penas para integrantes y colaboradores de organizaciones criminales
La ley incorpora la figura de pertenencia funcional, dirigida a quienes realizan tareas que permiten operar a una estructura criminal.
Entre estas actividades constan la vigilancia, el transporte, las alertas, las comunicaciones y el abastecimiento de grupos delictivos.
La pertenencia funcional contempla penas de 13 a 16 años. Cuando intervengan organizaciones vinculadas con delitos de mayor gravedad, la sanción podrá aumentar de 22 a 26 años.
El proyecto también sanciona el reclutamiento de adultos para actividades criminales y la entrega consciente de vehículos, inmuebles u otros recursos a estas organizaciones.
Desplazamiento forzado y confinamiento tendrán sanciones específicas
La reforma incorpora dos delitos vinculados con el control territorial que ejercen las organizaciones criminales.
El desplazamiento interno forzado tendrá penas de siete a diez años de prisión. Sancionará a quienes obliguen a personas o comunidades a abandonar sus viviendas mediante amenazas, intimidación o violencia.
Por su parte, el confinamiento forzado contempla penas de cinco a siete años. Esta infracción castiga las restricciones violentas a la movilidad de habitantes mediante controles ilegales de calles, accesos y territorios.
Ambas disposiciones buscan responder a las afectaciones que sufren comunidades bajo el control de grupos armados.
Abogados y contadores podrían perder el derecho a ejercer
La Ley Antimafias también contempla sanciones contra profesionales que colaboren deliberadamente con organizaciones criminales.
Los abogados y contadores que faciliten u oculten delitos podrán recibir sanciones penales. Además, una sentencia ejecutoriada podrá ocasionar su inhabilitación profesional.
Otra reforma establece mecanismos para proteger la identidad de jueces que conozcan procesos de delincuencia organizada.
El proyecto también modifica las reglas de cooperación eficaz. Los beneficios dependerán de información verificable que permita identificar responsables o desarticular organizaciones criminales.
El Estado podrá recuperar y administrar bienes vinculados con delitos
Las reformas a la Ley de Extinción de Dominio buscan agilizar la recuperación y administración de bienes asociados con actividades criminales.
Entre las medidas figura la venta anticipada de determinados activos, previa autorización judicial, para evitar su deterioro.
La normativa también endurece las sanciones relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos y fortalece los controles sobre drogas sintéticas y precursores químicos.
Estas disposiciones forman parte de la estrategia legislativa para afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
La oposición cuestiona el endurecimiento de penas
Durante el debate, la asambleísta Inés Alarcón, de ADN, defendió las reformas como herramientas para combatir las estructuras criminales y sus fuentes de financiamiento.
En contraste, Jahiren Noriega, de Revolución Ciudadana, cuestionó el enfoque del proyecto. La legisladora sostuvo que el endurecimiento de las penas no sustituye una política integral de seguridad y prevención del delito.
La iniciativa también recibió aportes de representantes de Italia, entre ellos integrantes de la Comisión Parlamentaria Antimafia, que compartieron experiencias sobre investigación y recuperación de patrimonios ilícitos.
¿Cuándo entrará en vigencia la Ley Antimafias?
Tras su aprobación definitiva en la Asamblea, el proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa para el trámite constitucional correspondiente.
El Ejecutivo deberá decidir si sanciona la normativa o presenta objeciones. Su entrada en vigencia dependerá de la conclusión de ese procedimiento y de la publicación oficial.
La reforma abre una nueva etapa legislativa en el combate al crimen organizado, con cambios que abarcan las sanciones penales, el control territorial, la protección judicial y la recuperación de bienes.