Los 57 cambios de la Ley Antimafias: nuevas sanciones y reglas que ya rigen en Ecuador
La normativa reforma el régimen penal, incorpora delitos relacionados con las organizaciones criminales y modifica las reglas sobre bienes incautados, protección judicial y cooperación eficaz. Algunas medidas requieren ajustes institucionales en plazos de 60 y 90 días.
La Ley Antimafias ya está vigente en Ecuador desde el 11 de noviembre de 2026. La normativa introduce reformas penales y judiciales para perseguir no solo a los integrantes de organizaciones criminales, sino también a quienes facilitan su financiamiento, logística y funcionamiento.
El presidente Daniel Noboa sancionó la ley sin objeciones, dos días después de su aprobación en la Asamblea Nacional. El documento se publicó en el Octavo Suplemento N.º 407 del Registro Oficial.
La norma contiene 39 artículos reformatorios, que abarcan distintos cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Ley Antimafias: cuándo se podrán acumular hasta 60 años de prisión
Uno de los principales cambios modifica el límite de acumulación de penas.
El máximo general de prisión se mantiene en 40 años. Sin embargo, la ley permite alcanzar excepcionalmente los 60 años cuando una persona recibe condenas por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes.
Para aplicar esta excepción, la suma de las penas individuales debe superar los 40 años. Además, el resultado no podrá exceder el doble de la condena más grave ni el límite absoluto de 60 años.
Por tanto, los 60 años no constituyen una pena automática para todos los delitos relacionados con el crimen organizado.
Nuevos delitos y sanciones para quienes sostienen a las organizaciones criminales
La Ley Antimafias amplía las responsabilidades penales dentro de las estructuras delictivas.
La constitución de una organización criminal puede sancionarse con penas de 22 a 26 años. Quienes ejerzan funciones de dirección, mando, control, planificación estratégica o financiamiento permanente enfrentan entre 26 y 30 años.
Las sanciones aumentan cuando la organización tiene como finalidad cometer delitos como narcotráfico, sicariato, terrorismo, secuestro, trata de personas o lavado de activos.
La ley también establece penas de 10 a 13 años para colaboradores externos que, con conocimiento y finalidad delictiva, faciliten determinados recursos o servicios a una organización criminal.
Además, castiga el reclutamiento de adultos para actividades criminales y la entrega consciente de inmuebles, vehículos o infraestructura utilizada por estas estructuras.
Desplazamiento y confinamiento forzado: nuevas sanciones
La reforma incorpora delitos relacionados con el control territorial ejercido mediante violencia criminal.
El desplazamiento interno forzado contempla penas de siete a diez años para quienes obliguen a personas o comunidades a abandonar sus viviendas o territorios mediante amenazas, intimidación, despojo o violencia.
También sanciona a quienes impidan el retorno de las personas desplazadas.
Por otro lado, el confinamiento forzado establece penas de cinco a siete años cuando integrantes de una organización criminal restringen violentamente la movilidad de dos o más habitantes de una comunidad.
La normativa considera agravante que estas conductas afecten a periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes comunitarios, docentes, personal sanitario o testigos por razón de sus actividades.
Tráfico ilegal de combustibles: penas de hasta 13 años y agravantes
La ley modifica las sanciones relacionadas con el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Las penas generales se distribuyen en escalas de uno a diez años, según la cantidad y las características de la infracción.
En provincias fronterizas, puertos y el mar territorial, la gran escala contempla penas de diez a trece años.
Además, la sanción puede aumentar cuando la actividad permite financiar a una organización criminal o eludir controles fronterizos. La reforma también castiga la extracción clandestina y la manipulación ilegal de infraestructura hidrocarburífera.
La norma contempla una excepción específica para el almacenamiento destinado exclusivamente al transporte en comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias sin mecanismos accesibles de abastecimiento. Esa excepción no autoriza la reventa ni la comercialización ilegal.
Abogados y contadores podrán ser inhabilitados mediante sentencia
Los profesionales que utilicen deliberadamente sus servicios para facilitar u ocultar determinados delitos vinculados con organizaciones criminales podrán enfrentar una inhabilitación para ejercer.
La medida deberá constar en una sentencia y estar debidamente motivada.
La inhabilitación no es automáticamente permanente. Su duración no podrá ser inferior al mínimo de la pena prevista para el delito cometido y se contará desde el cumplimiento de la pena de prisión.
La ley también aclara que la defensa jurídica legítima y la prestación lícita de servicios profesionales no constituyen, por sí solas, colaboración criminal.
Esta distinción protege el ejercicio legal de la abogacía y la contabilidad frente a una aplicación indiscriminada de la norma.
Nuevas reglas para proteger a jueces e investigar a las mafias
La ley incorpora mecanismos para reducir la exposición de jueces que conocen causas relacionadas con delincuencia organizada.
Cuando una evaluación de riesgo identifique amenazas vinculadas con esos procesos, podrán restringirse públicamente datos personales, de contacto, localización y biométricos.
La medida no establece de manera general un sistema de jueces anónimos: protege información sensible bajo condiciones específicas.
También se refuerza la cooperación eficaz. Los procesados podrán obtener beneficios si aportan información comprobable que contribuya a identificar cabecillas, recuperar activos o desarticular organizaciones.
Sin embargo, la reducción especial de penas no se aplicará a condenas por delitos contra la vida ni contra la integridad sexual y reproductiva de menores de edad.
¿Qué ocurrirá con los bienes incautados?
Las reformas permiten agilizar determinados procedimientos de administración y recuperación de activos relacionados con delitos.
Un juez podrá autorizar la venta anticipada de bienes incautados bajo las condiciones previstas en la ley. El dinero obtenido deberá permanecer sujeto al resultado del proceso judicial.
Además, determinados bienes podrán asignarse temporalmente a instituciones públicas u organizaciones sin fines de lucro para usos comunitarios, educativos, sanitarios o sociales.
La incautación y la administración provisional no transfieren automáticamente la propiedad de esos bienes al Estado.
¿Qué cambios necesitan plazos adicionales?
Aunque la Ley Antimafias ya está vigente, algunas instituciones deberán actualizar sus procedimientos para aplicarla.
La autoridad de control de hidrocarburos tiene un plazo máximo de 60 días para adecuar su normativa técnica, incluidas las escalas de cantidades y los mecanismos de control.
En un plazo de 90 días deberán actualizarse los procedimientos de administración de bienes incautados, los registros de inhabilitación profesional y determinadas reglas de identificación de vehículos bajo custodia estatal.
Estas disposiciones corresponden a tareas de implementación y no retrasan la vigencia general de la ley.
El debate sobre la eficacia de la Ley Antimafias
La Asamblea aprobó la normativa el 9 de noviembre con 85 votos a favor y 61 en contra.
El oficialismo defendió la reforma como una herramienta para perseguir las estructuras financieras, operativas y territoriales del crimen organizado.
La oposición, especialmente Revolución Ciudadana, cuestionó el énfasis en el endurecimiento de las penas y planteó la necesidad de políticas complementarias de prevención y seguridad. primicias.ec
La aplicación de la ley dependerá ahora de las investigaciones de Fiscalía, las decisiones judiciales y los procedimientos que deben adoptar las instituciones responsables.