Ecuador

Exfuncionario de la Asamblea, detenido por presuntos vínculos con Los Lobos y 60 homicidios

Óscar Intriago trabajó en la Asamblea entre 2019 y 2021. Fue condenado por un asesinato en 2022, pero la sentencia quedó revocada en apelación. Ahora enfrenta una nueva investigación por su presunta participación en una organización vinculada con decenas de crímenes en Los Ríos.

Óscar Oracio Intriago Cerezo, alias ‘Óscar’ o ‘La O’, trabajó en la Asamblea Nacional antes de que la Policía lo detuviera por sus presuntos vínculos con Los Lobos. Las autoridades relacionan a esta organización criminal con aproximadamente 60 homicidios y masacres en Los Ríos.

La Policía lo capturó el 5 de noviembre de 2026 durante la operación Zeus 4. El Ministerio del Interior lo identificó entre los seis detenidos considerados de interés penal relevante.

Una investigación de Primicias reveló que Intriago, de 31 años, ocupó el cargo de Servidor Legislativo 4 entre 2019 y 2021, durante la presidencia de César Litardo. Posteriormente, en 2022, también trabajó en la Defensoría Pública.

Óscar Intriago ingresó a la Asamblea con antecedentes penales

Intriago nació en Valencia, provincia de Los Ríos, el 10 de febrero de 1995.

Según el historial judicial que revisó Primicias, en mayo de 2017 recibió una condena de un año de prisión por transporte no autorizado de municiones.

Pese a ese antecedente, ingresó posteriormente a la Asamblea Nacional. Allí desempeñó sus funciones en la Casa Lasso-Conto, ubicada junto al Palacio Legislativo, en Quito.

Durante esos años también enfrentó otros procesos judiciales.

En 2019, las autoridades lo procesaron por tenencia y porte de armas. Sin embargo, un juez dictó su sobreseimiento después de que las pericias determinaran que el arma incautada era de fogueo.

En 2021 recibió otra condena de un año de prisión por tráfico de drogas a mediana escala, mediante procedimiento abreviado.

La condena de 34 años por el asesinato de Patricio Mendoza

Uno de sus antecedentes judiciales más relevantes corresponde al asesinato del exasambleísta y candidato Patricio Mendoza Palma, ocurrido el 21 de diciembre de 2020 en Quevedo.

El 6 de abril de 2022, un tribunal penal condenó a Intriago y a Luis Oliver Calderón Arteaga a 34 años y ocho meses de prisión como autores directos del crimen.

Sin embargo, el 10 de febrero de 2023, la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos revocó la condena contra Intriago, declaró su estado de inocencia y ordenó su libertad.

Los jueces Vilma Andrade Gavilánez y Luis Trujillo Soto votaron a favor de revocar la sentencia. Julio Almache Tenecela emitió un voto salvado.

Según la información judicial que recopiló Primicias, las partes impugnaron la decisión ante la Corte Nacional de Justicia.

Por tanto, la condena inicial de 34 años y ocho meses no constituye una sentencia firme vigente contra Intriago.

Alias Óscar es investigado como presunto cabecilla de Los Lobos

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que Intriago presuntamente dirigía una facción de Los Lobos dedicada a asesinatos, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.

Según la investigación policial, la organización operaba principalmente en Quevedo, Buena Fe y otros sectores de Los Ríos. Sin embargo, Intriago habría coordinado parte de sus actividades desde Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

Reimberg afirmó que la estructura utilizaba prácticas de violencia extrema, incluidas mutilaciones, para intimidar a víctimas y grupos rivales.

Además, el ministro sostuvo que los análisis balísticos relacionan armas de la organización con aproximadamente 60 homicidios y masacres registrados durante más de dos años.

Estas afirmaciones forman parte de la investigación policial. La justicia deberá determinar las responsabilidades individuales mediante las pruebas correspondientes.

Investigan una presunta red de matriculación irregular en Mocache

Otra línea investigativa apunta al posible control de la agencia de matriculación vehicular de Mocache, en Los Ríos.

Según los antecedentes que publicó Primicias, la organización habría utilizado esa dependencia municipal para facilitar la legalización de vehículos robados, principalmente provenientes de Quito.

Los reportes citados por el medio señalan que la presunta red tramitó irregularmente más de 26.000 vehículos durante un año.

Además, las autoridades estiman que el esquema pudo generar beneficios económicos cercanos a USD 20 millones.

Por separado, el Ministerio del Interior informó que las investigaciones de Zeus 4 identificaron movimientos bancarios aproximados de USD 5 millones durante el último año dentro de la estructura criminal.

Estas cantidades corresponden a estimaciones y hallazgos de investigación. No representan montos recuperados ni responsabilidades económicas determinadas mediante sentencia.

Operación Zeus 4 dejó 14 detenidos en seis provincias

La Policía y la Fiscalía ejecutaron la operación Zeus 4 el 5 de noviembre, después de ocho meses de investigaciones.

Los agentes realizaron 25 allanamientos simultáneos en Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Guayas y Santa Elena.

Durante los procedimientos, las autoridades detuvieron a 14 personas. También incautaron 14 armas de fuego, 257 municiones, tres vehículos con reporte de robo, 13 teléfonos celulares, sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo.

Según el Ministerio del Interior, más de 350 policías y 22 fiscales participaron en el operativo.

Fiscalía deberá establecer las responsabilidades penales

Intriago enfrenta una nueva investigación por su presunta participación en actividades de delincuencia organizada y terrorismo.

El caso también plantea interrogantes sobre los controles de antecedentes que aplican las instituciones públicas al contratar personal.

Además, las autoridades deberán esclarecer cómo operaba la presunta red de matriculación irregular y si funcionarios públicos facilitaron esas actividades.

Entre los puntos pendientes constan las condiciones de contratación de Intriago en la Asamblea, sus antecedentes judiciales y la eventual participación de otras personas.

La Fiscalía deberá presentar las pruebas que sustenten las acusaciones. Por su parte, las instituciones involucradas tendrán que explicar los procedimientos administrativos relacionados con los hechos investigados.