Priscila Schettini pierde curul por sanción del TCE; Correa y González rechazan decisión
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sanción contra Priscila Schettini, asambleísta electa por el movimiento Revolución Ciudadana, quien fue hallada culpable de violencia política de género contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La resolución suspende sus derechos políticos por tres años, impidiéndole asumir su curul en la nueva Asamblea Nacional que se instalará el 14 de mayo de 2025.
La sentencia también contempla una multa de 22.500 dólares. Cuatro de los cinco jueces del TCE votaron a favor, mientras que la presidenta del organismo, Ivonne Coloma, se pronunció en contra, argumentando falta de garantías al derecho a la defensa.
El TCE desestimó la apelación presentada por Schettini al fallo de primera instancia emitido en junio de 2024. El juez ponente, Joaquín Viteri, argumentó que la asambleísta lideró una campaña de desprestigio contra Salazar, que incluyó expresiones denigrantes e intimidatorias relacionadas con un supuesto plagio en la tesis doctoral de la fiscal.
Según el juez, estas acciones fueron ejecutadas también por terceros y constituyen una infracción electoral muy grave, al intentar restringir el ejercicio del cargo de una funcionaria pública a través de violencia política de género. Además de la fiscal, su madre y hermana también habrían sido afectadas.
La resolución fue rechazada por la excandidata presidencial Luisa González, quien calificó la sanción como “aberrante” e “impresentable”. En la red social X, González pidió a la comunidad jurídica pronunciarse ante lo que considera una acción ilegal. El expresidente Rafael Correa también se manifestó, denunciando abusos y calificando el fallo como parte de una campaña de persecución.
La causa incluye también a la abogada Angélica Porras, sancionada con la suspensión de derechos políticos por dos años y una multa de 13.500 dólares. Ambas mujeres integran el colectivo Acción Jurídica Popular. Schettini, además, es esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, condenado por abuso sexual.
Entre las pruebas citadas en el fallo constan publicaciones en redes sociales y entrevistas en las que se instaba a la renuncia de la fiscal general, lo que fue interpretado como un intento de afectar su permanencia en el cargo.
