Policía asumirá la operación de 632 cámaras municipales de Quito
El Gobierno sostiene que el sistema estaba subutilizado y alejado del trabajo policial. El Municipio niega un allanamiento y afirma que las cámaras ya operaban de manera interoperable con el ECU 911.
La Policía Nacional asumirá la dirección técnica y operativa de la Sala Situacional que procesa las imágenes de 632 cámaras del Municipio de Quito, mediante un convenio firmado entre el Ministerio del Interior y Emseguridad.
El Gobierno presentó la medida como una toma de control destinada a integrar la videovigilancia municipal a las operaciones contra la delincuencia. El Municipio, en cambio, negó que existiera un allanamiento o una intervención unilateral y explicó que el acuerdo profundiza la cooperación que ya mantenía con las instituciones nacionales.
El convenio tendrá una vigencia de cinco años. Para su ejecución, la Policía asignará 80 servidores, distribuidos en turnos durante las 24 horas, mientras el personal municipal continuará dentro del sistema coordinado.
Reimberg cuestiona el funcionamiento del sistema
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que la decisión constituye un “paso decisivo” para fortalecer la seguridad en Quito.
Según el funcionario, el Centro de Cámaras del COE Metropolitano no habría entregado la respuesta requerida por la ciudadanía y permanecía “atrapado en la burocracia, subutilizado o alejado de la operación policial”.
Esta valoración corresponde a la versión del Gobierno y ha sido rechazada por el Municipio de Quito.
Reimberg anunció que el Ministerio del Interior asumirá el control del Centro de Cámaras para incorporarlo directamente al trabajo operativo de la Policía.
“Desde hoy, cada cámara tendrá una misión concreta: prevenir, reaccionar y ayudar a capturar”, declaró el ministro.
El objetivo, según explicó, es utilizar las imágenes para anticipar delitos, identificar sospechosos, seguir sus desplazamientos y facilitar capturas, en lugar de limitar su uso a la revisión de hechos después de que ocurren.
Gobierno cuestiona servicios contratados con Telconet
Reimberg también aseguró que los servicios relacionados con las cámaras y contratados con Telconet se encontrarían “fiados”, es decir, sin regularizar desde enero de 2026.
Esta afirmación no ha sido respaldada públicamente con documentos contractuales. También se encuentra pendiente la versión del Municipio, Emseguridad y Telconet sobre el alcance de los servicios, las obligaciones pendientes y la situación económica del contrato.
El ministro sostuvo que la medida no responde a disputas políticas o de competencias, sino a la necesidad de mejorar la coordinación y la capacidad de reacción frente al crimen organizado.
El presidente Daniel Noboa respaldó la decisión y afirmó que la videovigilancia debe estar al servicio de la Policía y no de supuestas “redes de espionaje”.
Hasta el momento, el Gobierno no ha difundido un informe técnico, peritaje o investigación concluida que demuestre públicamente que las cámaras fueron utilizadas para espionaje.
Municipio niega allanamiento y mal uso
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rechazó las versiones sobre un supuesto allanamiento al COE Metropolitano.
Según explicó, la Secretaría Metropolitana de Seguridad y Emseguridad fueron convocadas por el Ministerio del Interior a una reunión de trabajo para revisar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que posteriormente fue firmado.
Muñoz aseguró que las 632 cámaras municipales ya interoperaban con el ECU 911 desde su implementación y negó que alguna entidad de la Corporación Municipal las hubiera utilizado indebidamente.
El Municipio sostiene que el convenio permitirá incorporar permanentemente personal policial a la Sala Situacional para fortalecer las tareas de prevención, respuesta, investigación e inteligencia.
Las cámaras continuarán utilizándose tanto para apoyar las operaciones policiales como para atender emergencias y necesidades relacionadas con el espacio público.
Versiones enfrentadas sobre accesos remotos
La controversia se inició semanas atrás, cuando Reimberg cuestionó la posible existencia de conexiones remotas o “salas espejo” sin las medidas de seguridad necesarias.
El ministro sostuvo que estos accesos podrían comprometer información sobre agentes, controles y operativos. También señaló una posible vinculación de antiguos funcionarios de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia con el manejo del sistema.
El Municipio negó que existan estructuras paralelas o accesos no autorizados y rechazó cualquier uso de las cámaras con fines de espionaje.
Hasta el cierre de esta nota no se conoce una auditoría pública, un peritaje independiente o una resolución judicial que determine que existieron accesos irregulares o utilización indebida del sistema.
Accesos y manejo de datos siguen pendientes de aclaración
Aunque la integración podría fortalecer la capacidad operativa de la Policía, todavía deben transparentarse los niveles de acceso que tendrá cada institución, los protocolos para extraer y almacenar grabaciones y las responsabilidades sobre la protección de datos.
También está pendiente conocer el texto íntegro y los anexos técnicos del convenio, así como las atribuciones que conservarán Emseguridad y el Municipio.
El cambio verificable es la incorporación de la Policía a la dirección operativa de la Sala Situacional. Las afirmaciones sobre espionaje, filtraciones o accesos irregulares continúan siendo denuncias del Gobierno rechazadas por el Municipio.
