Catorce personas privadas de libertad fallecen en la Penitenciaría del Litoral y la crisis carcelaria vuelve a exhibir el colapso del Estado
La crisis penitenciaria en Ecuador vuelve a encender las alarmas. Catorce personas privadas de libertad fallecieron en la Penitenciaría del Litoral en solo un fin de semana, uno de los centros carcelarios más grandes y conflictivos del país, ubicado en Guayaquil.
Ocho internos fueron encontrados sin vida el domingo 14 de diciembre y otros seis el sábado, en un contexto marcado por una grave emergencia sanitaria, con brotes de tuberculosis, desnutrición severa y falta de atención médica, según reportes preliminares de autoridades y organismos de control.
Aunque hasta el momento no se han determinado oficialmente las causas de los fallecimientos, información policial inicial señala que los cuerpos no presentaban señales visibles de violencia, lo que refuerza la hipótesis de una crisis estructural en el sistema de salud penitenciario.
Las personas fallecidas tenían entre 26 y 65 años y se encontraban recluidas en distintos pabellones, lo que evidencia que el problema no está focalizado, sino que atraviesa a todo el centro carcelario.
Durante la jornada, personal policial, militar, Fiscalía y Criminalística realizaron los levantamientos de los cuerpos.
Este episodio no es aislado. Solo en la primera semana de diciembre, cerca de 20 reclusos fallecieron en este mismo centro. Un informe técnico elaborado por jueces de Garantías Penitenciarias ya advertía desde septiembre sobre internos en estado crítico, con signos de extrema desnutrición, y áreas médicas colapsadas.
Incluso se reportó la permanencia prolongada de cuerpos sin vida en áreas médicas, una situación que revela un nivel alarmante de abandono institucional.
Un juez constitucional ordenó recientemente la instalación de una mesa de emergencia penitenciaria, pero los hechos demuestran que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes.
La Penitenciaría del Litoral alberga aproximadamente 7.000 personas privadas de libertad, y lo ocurrido este fin de semana vuelve a plantear una pregunta incómoda para el Estado:
¿se trata solo de una crisis de seguridad o de una crisis humanitaria que sigue sin respuesta estructural?
