Elegir también es fiscalizar
La responsabilidad ciudadana comienza al evaluar las candidaturas y debe continuar durante los cuatro años de gestión.
EDITORIAL DE RADIO SELVA
La convocatoria a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abre una etapa en la que los ciudadanos deberán elegir a las autoridades de los gobiernos locales y a quienes integrarán el CPCCS durante el periodo correspondiente. No se trata únicamente de elegir nombres o listas: en el ámbito local estarán en juego las decisiones sobre vialidad, agua potable, saneamiento, empleo, turismo, protección ambiental, gestión de riesgos y uso de los recursos públicos.
Según la convocatoria aprobada por el Consejo Nacional Electoral, 13.827.643 electores están llamados a participar en los comicios del 29 de noviembre de 2026. Ese día se elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales e integrantes del CPCCS.
Las propuestas deben poder comprobarse
Durante la campaña, las organizaciones políticas presentarán planes de trabajo que, por disposición electoral, deben incluir un diagnóstico, objetivos, propuestas, estrategias y mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, entregar el documento como requisito no garantiza que sus planteamientos sean viables.
Los candidatos deben explicar qué problema pretenden resolver, cuánto costará su propuesta, de dónde saldrán los recursos, en qué plazo podría ejecutarse y cómo se medirán sus resultados.
En Napo, el debate electoral debe partir de problemas que la población enfrenta de manera cotidiana. Los aspirantes deberán explicar cómo atenderán la vialidad que corresponda a cada nivel de gobierno, el acceso al agua potable y al saneamiento, la prevención y respuesta ante emergencias y la prestación de servicios municipales. También tendrán que precisar qué acciones pueden ejecutar dentro de sus competencias y cuáles requieren coordinación con el Gobierno nacional.
El desarrollo económico exige el mismo nivel de claridad. Hablar de empleo no puede significar ampliar la nómina de municipios y prefecturas ni repartir puestos públicos por cercanía política. Las propuestas deben orientarse a crear condiciones para el empleo productivo, apoyar emprendimientos, fortalecer la producción y promover el turismo.
Las contrataciones públicas, por su parte, deben responder a necesidades institucionales, perfiles profesionales, procesos transparentes y disponibilidad presupuestaria. En temas de minería y protección ambiental, los candidatos deberán explicar cómo actuarán dentro de sus atribuciones, qué mecanismos de control promoverán y cómo incorporarán la participación de las comunidades.
Prometer también exige explicar cómo se pagará
Las propuestas deben confrontarse con la capacidad financiera de cada institución. Prometer obras sin identificar su costo, fuente de financiamiento y plazo de ejecución impide evaluar si pueden cumplirse.
La ciudadanía necesita conocer cuánto presupuesto estará disponible, qué prioridades plantea cada candidatura y qué compromisos podrían depender de créditos, convenios o recursos del Gobierno nacional.
La transparencia no consiste en leer durante horas un informe de actividades ni en enumerar reuniones, recorridos y obras durante un acto de rendición de cuentas. Implica explicar cuánto dinero se recibió, cómo se utilizó, qué metas se cumplieron, cuáles quedaron pendientes y por qué.
También exige presentar información comprensible sobre contrataciones, nómina, proveedores, ejecución presupuestaria y avance del plan de trabajo, además de responder las preguntas de la ciudadanía. Una rendición de cuentas sin cifras comparables, resultados verificables ni espacio para el cuestionamiento público se convierte en una formalidad, no en un mecanismo de control.
La popularidad no reemplaza la preparación
Este es el momento de evaluar la capacidad, responsabilidad, experiencia y trayectoria de quienes aspiran a gobernar un cantón o una provincia. También corresponde revisar si han dirigido instituciones, organizaciones, negocios o emprendimientos, qué resultados obtuvieron y cómo respondieron ante dificultades y responsabilidades.
La administración pública no debería convertirse en un espacio para experimentar sin preparación. Ser una persona conocida, saludar a todos, participar en actividades deportivas o mantener cercanía con determinados grupos puede generar simpatía, pero no demuestra por sí solo capacidad para administrar presupuesto, personal, obras y servicios.
La popularidad no sustituye la preparación, la integridad ni una propuesta que represente las necesidades de toda la población.
Dádivas y financiamiento electoral
La ciudadanía también debe observar cómo se financian y desarrollan las campañas. Una elección no puede convertirse en una competencia para determinar quién entrega más regalos, organiza más eventos o realiza el mayor gasto.
Las dádivas pueden condicionar la decisión del elector y desplazar el debate sobre propuestas y capacidad. También corresponde preguntar quién financia cada campaña y qué intereses podrían acompañar esos aportes.
Cuando una candidatura depende de aportes económicos que luego esperan ser recuperados mediante contratos, cargos o decisiones públicas, existe el riesgo de comprometer la independencia de la futura administración y el uso de sus recursos. Por eso, el origen del financiamiento, los gastos electorales y las posteriores contrataciones deben permanecer bajo vigilancia ciudadana y control institucional.
La responsabilidad continúa después del voto
El control ciudadano no termina al cerrar las urnas. Durante los cuatro años de gestión será necesario revisar presupuestos, contrataciones, avances de obras y cumplimiento de los compromisos electorales.
Elegir implica entregar temporalmente la administración de recursos públicos, pero no renunciar al derecho de preguntar, exigir explicaciones y señalar incumplimientos.
Radio Selva considera que las elecciones seccionales deben superar la competencia de popularidad, las dádivas y las promesas sin respaldo. La discusión debe concentrarse en la preparación de los aspirantes, la viabilidad de sus planes, el origen de los recursos de campaña y su capacidad para administrar instituciones que pertenecen a toda la ciudadanía.
El 29 de noviembre se elegirán autoridades, pero también una forma de gestionar los recursos públicos durante los siguientes cuatro años. Por eso, la responsabilidad no termina con el voto. Comienza al revisar las candidaturas y debe continuar al exigir información, resultados y explicaciones durante toda la gestión.