Paro de 2025 deja 166 causas abiertas y solo una condena un año después
El 79,5 % de los expedientes continúa en investigación previa. Las causas incluyen procesos contra manifestantes y posibles excesos cometidos por integrantes de la fuerza pública.
Las causas del paro nacional de 2025 avanzan lentamente un año después de las movilizaciones. De 166 expedientes penales registrados por la Fiscalía, 132 permanecen en investigación previa y solo uno terminó con una sentencia condenatoria.
El paro comenzó el 22 de septiembre de 2025, después de que el Gobierno eliminó el subsidio al diésel y su precio subió de USD 1,80 a USD 2,80 por galón.
La movilización, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se prolongó durante 31 días. Los bloqueos y enfrentamientos se concentraron principalmente en Imbabura y Pichincha.
Las jornadas dejaron tres personas fallecidas, decenas de heridos entre civiles y uniformados y pérdidas económicas estimadas en USD 100 millones solamente en Imbabura.
El 79,5 % de las causas del paro nacional de 2025 sigue bajo reserva
El reporte más reciente contabiliza 166 investigaciones relacionadas con las protestas. De ellas, 132 —equivalentes al 79,5 %— permanecen en la etapa reservada de investigación previa.
En esta fase, la Fiscalía reúne indicios antes de decidir si formula cargos, solicita el archivo o descarta la existencia de responsabilidades penales.
Otros 21 procesos ya concluyeron:
- Uno terminó con sentencia condenatoria por daño a bien ajeno en Pichincha.
- Nueve concluyeron con la ratificación de inocencia.
- Cinco terminaron con el sobreseimiento de los procesados.
- Cinco fueron archivados.
- Uno se extinguió.
Además, 13 expedientes siguen en trámite. En siete se solicitó el archivo y cuatro tienen dictámenes abstentivos, lo que significa que la Fiscalía decidió no acusar.
Paralización de servicios concentra 90 investigaciones
El delito con más registros es la paralización de un servicio público, con 90 causas, equivalentes al 54,2 % del total.
El informe también registra:
- 15 investigaciones por daño a bien ajeno.
- 11 por secuestro.
- 10 por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
- Nueve por instigación.
- Seis por robo.
- Cinco por terrorismo.
- Cuatro por ataque o resistencia.
- Tres por incitación a la discordia.
Imbabura concentra 76 expedientes y Pichincha, 42. Entre ambas provincias reúnen el 71 % de las investigaciones. Carchi registra 12 causas; Azuay, nueve; y Loja, siete.
Cañar, Cotopaxi y Sucumbíos tienen entre tres y cuatro procesos cada una.
El caso de los 18 de Otavalo irá a juicio
Uno de los procesos que más avanzó corresponde al ataque contra las instalaciones policiales de Otavalo, ocurrido el 22 de septiembre de 2025.
La causa comenzó con 13 aprehendidos y una acusación por terrorismo. Posteriormente, la Fiscalía reformuló los cargos por ataque o resistencia y daño a bien ajeno, mientras cinco personas más fueron vinculadas.
En junio de 2026, un juez sobreseyó a los 18 procesados al considerar que no se habían individualizado sus presuntas responsabilidades.
La Corte Provincial de Imbabura revocó esa decisión el 8 de septiembre y ordenó el llamamiento a juicio. El proceso permanece a la espera de que el Tribunal de Garantías Penales fije la audiencia.
Un proceso de Sucumbíos avanza hacia juicio
Entre los expedientes que continúan activos consta una causa por presunto ataque o resistencia en Sucumbíos.
El proceso tiene dictamen acusatorio y deberá pasar por una audiencia preparatoria de juicio. Organizaciones sociales han identificado al procesado como Gregorio Aguinda, dirigente kichwa vinculado a las movilizaciones.
También continúa una investigación por paralización de servicios públicos en Pichincha. En este expediente fue procesado Guido Perugachi, presidente de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
Siete investigaciones examinan el uso de la fuerza
La Fiscalía informó que su unidad especializada inició siete investigaciones previas relacionadas con el uso de la fuerza por parte de funcionarios durante las movilizaciones.
Dentro de estos expedientes están incluidas las tres muertes registradas durante el paro nacional. El informe oficial no detalla públicamente los avances porque las causas permanecen en etapa reservada.
En el balance general aparecen diez investigaciones por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio contra agentes de la fuerza pública.
Las organizaciones indígenas y de derechos humanos mantienen sus reclamos de verdad y justicia por los fallecidos y heridos. También cuestionan que numerosos procesos contra manifestantes permanezcan abiertos sin una resolución definitiva.
El balance judicial, un año después, muestra dos velocidades: decenas de investigaciones continúan bajo reserva, mientras apenas una de las 166 causas llegó a una sentencia condenatoria.
