Aquiles Álvarez es sentenciado por comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso Triple A
El tribunal declaró al alcalde de Guayaquil autor directo del delito; la sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.
Aquiles Álvarez fue sentenciado en el caso Triple A como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de Corrupción y Crimen Organizado comunicó su decisión este sábado 29 de agosto de 2026.
Medios que siguieron la lectura oral reportaron una pena de seis años y ocho meses de prisión. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado informó que la condena alcanza los seis años y nueve meses. La cifra exacta deberá confirmarse cuando el tribunal notifique la sentencia escrita.
La decisión corresponde a la primera instancia. Por tanto, Álvarez y los demás sentenciados pueden presentar recursos de apelación.
Tribunal atribuye a Álvarez el control de las operaciones
El tribunal concluyó que Aquiles Álvarez no actuó únicamente como representante de las empresas investigadas. Según la decisión, organizaba las operaciones, controlaba las compañías y recibía recursos en cuentas personales.
Álvarez ejerció como representante legal, presidente y accionista mayoritario de Copedesa, Corpalubri y Ternape. Estas empresas formaron parte de la estructura investigada por la Fiscalía.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico, Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata. Además, la audiencia de lectura de la sentencia se desarrolló de forma telemática.
¿Qué investigó la Fiscalía en el caso Triple A?
La Fiscalía investigó la comercialización de combustible subsidiado hacia segmentos que no podían acceder a ese beneficio. De acuerdo con la acusación, las operaciones ocurrieron entre 2020 y 2024.
El Ministerio Público sostuvo que la estructura desvió aproximadamente 22,8 millones de galones de diésel y gasolina extra. Asimismo, calculó un perjuicio para el Estado de alrededor de USD 61,5 millones.
Según la acusación, las empresas utilizaron un mecanismo denominado “cambiazo”. Este incluía facturación superior a la capacidad de almacenamiento, placas inexistentes, intercambio de guías de remisión y documentos destinados a dar apariencia legal a las operaciones.
Los combustibles habrían terminado en sectores industriales y navieros, zonas fronterizas y embarcaciones de bandera extranjera.
Otras personas y empresas sentenciadas
El tribunal también declaró autores directos a Raúl Arnoldo Zambrano, Juan Dionisio Araujo, Édgar Moisés Flores y Édgar Edmundo Campoverde. Cada uno recibió la misma pena impuesta a Álvarez y una multa de doce salarios básicos unificados.
Además, cuatro personas fueron declaradas cómplices y recibieron penas de dos años, dos meses y veinte días de prisión. El tribunal les impuso también una multa de cuatro salarios básicos unificados.
La resolución estableció una reparación integral de aproximadamente USD 61,5 millones. Los autores directos deberán responder de forma solidaria, conforme a las condiciones que establezca la sentencia.
Por otra parte, el tribunal declaró responsables a Copedesa, Corpalubri, Ternape, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi. En consecuencia, ordenó su clausura definitiva, disolución y una multa de 1.000 salarios básicos para cada empresa.
Los jueces ratificaron el estado de inocencia de varios procesados al considerar que no existía prueba suficiente para establecer su responsabilidad.
Aquiles Álvarez afronta otros procesos
Álvarez permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. Su detención también se relaciona con el caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos.
Además, en agosto de 2026 recibió una sentencia de tres años de prisión en el caso Grillete. El tribunal lo declaró culpable de incumplir la orden judicial que lo obligaba a portar permanentemente un dispositivo de vigilancia electrónica. Ese fallo tampoco está ejecutoriado.
La defensa ha rechazado las acusaciones contra Álvarez y sostiene que los procesos responden a una persecución política. Asimismo, ha argumentado que su condición de representante legal no demuestra por sí sola una participación delictiva.
La sentencia contra Aquiles Álvarez en el caso Triple A todavía puede ser apelada. Por ello, la condena y las demás disposiciones no deben presentarse como decisiones firmes.
