Juez dicta prisión preventiva para Luisa González en el Caso Laberinto
La medida también alcanza a Santiago Díaz y Wendy Onofre. La Fiscalía investiga un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Un juez dictó prisión preventiva para Luisa González y otras dos personas procesadas por presunto lavado de activos en el Caso Laberinto, este viernes 23 de octubre de 2026.
La medida cautelar también fue ordenada contra Santiago Díaz y Wendy Onofre. Para Estefanía Molina, el magistrado dispuso presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
La decisión se conoció al finalizar la audiencia de formulación de cargos, instalada la noche del jueves 22 de octubre y reinstalada durante la madrugada del viernes. La diligencia se desarrolló de manera telemática.
Prisión preventiva para Luisa González y dos procesados
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra González, Díaz y Onofre. Después de analizar los elementos presentados, el juez acogió el pedido.
En el caso de Estefanía Molina, la Fiscalía no se opuso a la aplicación de medidas alternativas. La procesada argumentó que tiene bajo su cuidado a un hijo con una condición de salud que requiere su presencia.
Por ello, deberá comparecer periódicamente ante la autoridad, no podrá salir de Ecuador y permanecerá bajo vigilancia electrónica.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. Durante este periodo, la Fiscalía continuará recopilando información financiera, documentos y otros elementos relacionados con el origen y destino de los recursos investigados.
¿Qué investiga el Caso Laberinto?
El Caso Laberinto investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con el financiamiento político y los gastos de publicidad de la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana, Lista 5, en 2023.
Según la hipótesis de la Fiscalía, aproximadamente USD 500.000 habrían circulado mediante una estructura de personas jurídicas antes de utilizarse para pagar publicidad electoral.
La investigación busca determinar si una parte de esos recursos provenía de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.
La Fiscalía también analiza inconsistencias en los aportes reportados y en la documentación presentada para justificar el origen lícito del dinero empleado durante la campaña.
Detención y traslado de Luisa González
Luisa González fue detenida durante la madrugada del jueves 22 de octubre en su domicilio, ubicado en la parroquia Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí.
Después del procedimiento, la excandidata presidencial fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil. Desde ese lugar participó de forma telemática en la audiencia.
Los operativos también incluyeron allanamientos ejecutados en Manabí y Pichincha. Durante estas diligencias, las autoridades recopilaron documentación y otros indicios vinculados con el financiamiento electoral.
El proceso tiene antecedentes en las inconsistencias detectadas en las cuentas de campaña presentadas ante el Consejo Nacional Electoral. Un expediente relacionado con estas irregularidades fue remitido a la Fiscalía después de una actuación del Tribunal Contencioso Electoral.
González denuncia persecución política
Luisa González rechazó las acusaciones y afirmó que el proceso responde a una persecución política. La Revolución Ciudadana también cuestionó la detención y defendió la legalidad de los recursos utilizados durante la campaña.
González fue candidata presidencial en 2023 y 2025. Además, dirigió la Revolución Ciudadana antes de entregar la presidencia de la organización a Gabriela Rivadeneira.
Con la decisión judicial, González, Díaz y Onofre permanecerán privados de la libertad mientras avanza la investigación fiscal. La defensa podrá activar los recursos previstos en la legislación para solicitar la revisión de la medida.
