Caso Laberinto: así siguieron durante siete horas a Luisa González antes de detenerla
El expediente identifica a la excandidata como alias “Ocaso” y expone presuntas alteraciones de facturas en Ternape para financiar publicidad electoral no declarada.
El expediente del Caso Laberinto detalla el seguimiento policial encubierto de siete horas que permitió localizar y detener a Luisa González en su vivienda de Canuto, cantón Chone.
Los documentos también recogen chats, facturas y registros financieros sobre el presunto uso de la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. para pagar publicidad de la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.
Dentro de la investigación, los agentes identificaron a González con el alias “Ocaso”. Un segundo objetivo fue denominado “Padrino”, cuya identidad no ha sido establecida públicamente dentro del proceso.
Seguimiento a Luisa González comenzó en El Batán
La vigilancia se inició a las 07:30 del miércoles 21 de octubre de 2026, frente a una vivienda ubicada en el sector de El Batán, en el norte de Quito.
Los agentes observaron cómo varias maletas fueron colocadas en una camioneta Ford Explorer negra. A las 12:43 salió una mujer vestida con traje negro y gafas oscuras, quien ocupó el asiento del copiloto.
Dos equipos policiales siguieron el vehículo durante aproximadamente siete horas. La camioneta pasó por Santo Domingo de los Tsáchilas a las 15:33 y por El Carmen a las 16:09.
Finalmente, llegó a las 19:25 a una propiedad situada en la parroquia Canuto, en Manabí. La Policía verificó la identidad de la mujer y confirmó su relación con el vehículo y el inmueble.
A las 03:40 del jueves 22 de octubre, los agentes allanaron la vivienda y detuvieron a Luisa González. Durante el procedimiento incautaron teléfonos celulares y una computadora portátil.
Alias “Ocaso” estaba bajo vigilancia reservada
El seguimiento se ejecutó después de que un juez autorizara durante 90 días técnicas especiales de investigación contra los objetivos identificados como “Ocaso” y “Padrino”.
La orden permitía realizar vigilancias, seguimientos, fotografías y grabaciones sin restricción territorial.
Los operativos surgieron del análisis de dos teléfonos y una computadora entregados por José Cevallos Avellán, antiguo gerente financiero del grupo empresarial relacionado con Aquiles Álvarez.
Los archivos formaban parte de otra investigación. Sin embargo, los agentes reportaron posibles indicios de lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito.
El expediente judicial del Caso Laberinto tiene cerca de 1.000 páginas, según la investigación periodística que accedió a sus documentos.
Fiscalía investiga facturas emitidas por Ternape
La Policía analiza un presunto mecanismo para pagar propaganda electoral por medio de Ternape, compañía fundada por Aquiles Álvarez y sus hermanos.
Según los chats incorporados al expediente, proveedores enviaban cotizaciones y proformas relacionadas con la Revolución Ciudadana. Sin embargo, las facturas terminaban emitidas a nombre de la empresa naviera.
Un mensaje enviado el 18 de agosto de 2023 en el grupo de WhatsApp “Coordinación Segmento Naviero” habría ordenado eliminar la palabra “campaña” de los comprobantes.
La investigación sostiene que los conceptos de las facturas eran modificados para que los pagos pudieran aparecer relacionados con las actividades comerciales de Ternape.
Mediante este mecanismo se habrían pagado cerca de USD 100.000 en material electoral. La lista incluye 400.000 adhesivos, 200.000 cuadernillos, gorras y otros productos utilizados durante la campaña.
Matriz registra USD 725.933 para la campaña
Una matriz interna de control financiero atribuida a Ternape registra USD 725.933 relacionados con la candidatura de Luisa González.
De ese total, USD 447.933 corresponderían a la primera vuelta electoral y USD 278.000 a la segunda.
La Fiscalía deberá comprobar si esos recursos salieron de las cuentas de la empresa, quién autorizó los desembolsos y por qué no habrían sido registrados dentro del gasto electoral declarado ante el Consejo Nacional Electoral.
El expediente también menciona el uso de cheques cobrados por ventanilla para obtener dinero en efectivo destinado a movilización, logística y otros gastos.
Chats exponen planes para alejarse de Rafael Correa
Los mensajes analizados también describen conversaciones sobre una posible ruptura política con la conducción de Rafael Correa.
Según el expediente, el entorno de Aquiles Álvarez habría buscado impulsar la figura de Raúl Chávez hacia una futura candidatura presidencial y construir una estructura política independiente.
Estas conversaciones forman parte del material investigado, aunque el proceso penal se concentra en el presunto lavado de activos y el financiamiento electoral no declarado.
Luisa González permanece en prisión preventiva
Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre recibieron prisión preventiva dentro del Caso Laberinto. Estefanía Molina deberá presentarse periódicamente, no podrá salir del país y utilizará un dispositivo de vigilancia electrónica.
González fue trasladada la noche del 23 de octubre al Centro de Privación de Libertad femenino de Riobamba.
La Revolución Ciudadana sostiene que el proceso constituye una persecución política. Mientras tanto, la Fiscalía tiene 90 días para verificar los chats, facturas, cheques y movimientos financieros incorporados al expediente.
