Asamblea aprueba reformas de tránsito con registro para delivery y reglas para scooters
El proyecto recibió 87 votos y también modifica la regulación de motos eléctricas, radares, peajes y competencias municipales; todavía debe pasar por el Ejecutivo.
Las reformas a la Ley de Tránsito aprobadas el 3 de septiembre de 2026 crean un registro nacional para repartidores y establecen nuevas reglas para motos eléctricas, scooters y radares. El proyecto obtuvo 87 votos favorables en el Pleno de la Asamblea Nacional.
ADN, asambleístas independientes afines al oficialismo y Pachakutik respaldaron el texto. En cambio, Revolución Ciudadana votó en contra.
La norma contiene 78 artículos reformatorios y ocho nuevos. Además, se estructura en tres ejes: lucha contra la corrupción y el crimen organizado, protección de la vida y seguridad vial, y modernización de los sistemas de tránsito.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió el proyecto durante el debate. Ahora, la Asamblea enviará el texto al presidente Daniel Noboa para su objeción o posterior publicación en el Registro Oficial.
Por tanto, las nuevas disposiciones todavía no están vigentes.
Reformas a la Ley de Tránsito: registro para delivery
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) administrará un Registro Nacional de Repartidores, conectado con los sistemas de los municipios.
Los trabajadores deberán portar una identificación física y digital. Además, tendrán que utilizar chalecos reflectores, cascos homologados y una placa visible.
Los ciudadanos podrán escanear un código QR para verificar la identidad del conductor y la empresa a la que pertenece.
Asimismo, las motocicletas utilizadas para reparto no podrán transportar a una segunda persona. Según los promotores de la reforma, esta regulación busca impedir que personas vinculadas con actividades delictivas se hagan pasar por repartidores.
Sin embargo, la Asamblea excluyó la disposición que incorporaba al Código Orgánico Integral Penal una infracción para quienes realizaran delivery en motocicleta sin constar en el registro.
En consecuencia, esa sanción no forma parte del texto aprobado.
Nuevas reglas para motos eléctricas y scooters
Las motocicletas eléctricas deberán contar con matrícula y placa. Además, sus conductores necesitarán una licencia para circular.
Por otra parte, quienes utilicen scooters y otros vehículos de micromovilidad deberán llevar cascos homologados.
La ANT definirá los requisitos técnicos relacionados con llantas, luces y otros elementos de seguridad. Asimismo, las casas comerciales deberán entregar un casco homologado con cada motocicleta que vendan.
ANT podrá suspender competencias municipales
Las reformas permiten suspender temporalmente las competencias de tránsito de los municipios cuando existan irregularidades o posibles vínculos con el crimen organizado.
La medida podría aplicarse, por ejemplo, ante casos de matriculación vehicular inflada. En esas circunstancias, la ANT asumiría temporalmente las funciones.
El proyecto también establece que la Comisión de Tránsito del Ecuador controle la red vial estatal bajo el Ministerio del Interior y en coordinación con la Policía Nacional.
Cambios para radares y contratos privados
La norma elimina los contratos que entregan a empresas privadas un porcentaje de las multas generadas por radares. En su lugar, las instituciones deberán utilizar contratos de prestación de servicios.
Además, la ANT tendrá un año para revisar la homologación de los dispositivos de control de velocidad.
La señal preventiva deberá ubicarse al menos 500 metros antes del radar. Así, la señalización deberá cumplir una función preventiva y advertir al conductor sobre el control.
Registro vehicular digital y sistema de peajes
Las reformas a la Ley de Tránsito también contemplan un registro único vehicular digital. El sistema permitirá compartir información entre las instituciones competentes.
Asimismo, la norma crea un sistema interoperable para la gestión y recaudación de peajes.
Finalmente, la Asamblea no modificó los límites de velocidad ni las normas relacionadas con el consumo de alcohol al volante, pese a los pedidos realizados por organizaciones civiles.
La aplicación de todos estos cambios dependerá de la decisión del presidente Daniel Noboa y de la publicación del texto definitivo en el Registro Oficial.
