La normativa obtuvo 88 votos de ADN y sus aliados. El oficialismo promete más rutas y pasajes económicos, mientras la oposición cuestiona el control de los aeropuertos.
La Ley de Aviación Civil fue aprobada este jueves 24 de septiembre de 2026 por el Pleno de la Asamblea Nacional. La normativa abre la posibilidad de incorporar empresas privadas en la administración de aeropuertos estatales, entre ellos el de Tena.
El proyecto recibió 88 votos afirmativos de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. Revolución Ciudadana votó en contra con 60 legisladores, mientras el Partido Social Cristiano (PSC) no respaldó la propuesta.
La iniciativa fue presentada por Niels Olsen y unifica en un solo cuerpo legal las disposiciones de la actual Ley de Aviación Civil y del Código Aeronáutico.
Ley de Aviación Civil abre la gestión de aeropuertos a empresas privadas
La normativa permite delegar servicios aeroportuarios a empresas nacionales o extranjeras mediante concursos públicos. Este mecanismo podrá aplicarse cuando el Estado no cuente con capacidad técnica, administrativa o financiera, o cuando la participación privada ofrezca mejores condiciones.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, sostuvo que este modelo no representa la venta de los aeropuertos ni la entrega de su control.
Según la legisladora, la propuesta permitirá captar inversiones, aumentar las rutas y frecuencias aéreas y mejorar la conectividad nacional.
Centeno recordó que el Estado invirtió alrededor de USD 147 millones en la construcción de los aeropuertos de Tena, Santa Rosa, Latacunga y Esmeraldas. Sin embargo, afirmó que estas terminales no cuentan con un modelo óptimo de operación y generan pérdidas.
Por esa razón, el oficialismo plantea incorporar empresas privadas en la coadministración de esas instalaciones, siempre que las condiciones resulten favorables para el Estado.
Aeropuerto de Tena podría entrar en la coadministración
En Napo, el efecto directo de la ley recae sobre el aeropuerto Jumandy de Tena, una de las cuatro terminales mencionadas durante el debate legislativo.
La normativa permite que el aeropuerto reciba inversión y participación privada en su administración. Sin embargo, la aplicación del modelo dependerá de los procesos de delegación que impulse el Gobierno y de las condiciones establecidas en los concursos públicos.
El oficialismo sostiene que este mecanismo podría aumentar la conectividad y aprovechar una infraestructura aeroportuaria que actualmente registra una operación limitada.
Cielos abiertos y nuevas aerolíneas
La ley también eleva a norma la política de cielos abiertos. Con ello, el Gobierno busca reducir los requisitos para el ingreso de nuevas aerolíneas y facilitar la apertura de rutas nacionales e internacionales.
Además, permitirá que compañías extranjeras domiciliadas en Ecuador operen vuelos internos con las autorizaciones correspondientes.
Sus promotores sostienen que una mayor competencia podría mejorar los servicios y reducir el precio de los pasajes. No obstante, esos resultados dependerán de la llegada efectiva de nuevas compañías y rutas.
Revolución Ciudadana cuestiona la pérdida de control estatal
La bancada de Revolución Ciudadana votó en contra. El asambleísta Diego Salas afirmó que la modernización del sector aeronáutico no debe implicar una pérdida de soberanía.
El legislador cuestionó que la ley elimine la obligación de que las aeronaves con matrícula ecuatoriana cuenten exclusivamente con tripulación nacional.
También advirtió sobre la posibilidad de delegar servicios relacionados con la navegación aérea, los radares y las torres de control.
Salas sostuvo que la normativa podría obligar a los aeropuertos rentables de Quito y Guayaquil a financiar la red estatal deficitaria, lo que, según su posición, reduciría los ingresos de los municipios.
PSC cuestiona los acuerdos con el Gobierno central
El PSC tampoco acompañó la aprobación. Alfredo Serrano cuestionó la disposición que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados con competencias aeroportuarias a firmar acuerdos de gestión concurrente con el Gobierno central.
La disposición alcanza a los municipios que administran terminales directamente o mediante concesiones privadas.
Serrano sostuvo que la medida podría interferir con los contratos de delegación que ya mantienen los municipios y debilitar el modelo de descentralización.
El proyecto pasa al Ejecutivo
Tras la aprobación legislativa, el proyecto será enviado al presidente Daniel Noboa. El Ejecutivo podrá sancionarlo o presentar una objeción antes de su publicación en el Registro Oficial.
La ley también incluye normas para registrar y controlar drones, disposiciones sobre los derechos de los pasajeros y cambios en las funciones de la Dirección General de Aviación Civil.
El debate queda concentrado en dos posiciones: el oficialismo defiende la apertura del mercado, la inversión y la conectividad; mientras la oposición cuestiona la participación privada y el control que tendrán el Gobierno central y los municipios sobre los aeropuertos.
