Asamblea identifica alertas patrimoniales en 95 alcaldes y prefectos de Ecuador
Un informe legislativo clasificó 41 expedientes en alerta roja y 54 en naranja. La Asamblea pidió que la Fiscalía, la Contraloría y la UAFE revisen posibles irregularidades.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, con 83 votos, un informe de fiscalización que identifica 95 expedientes de alcaldes y prefectos con alertas patrimoniales. El documento advierte sobre posibles inconsistencias entre los bienes declarados, los ingresos y otros registros de las autoridades locales.
La resolución fue adoptada el 27 de octubre de 2026, tras una revisión de 251 expedientes correspondientes a autoridades seccionales del periodo 2023-2027. De ese total, 41 fueron clasificados en alerta roja y 54 en naranja, lo que representa el 37,85 % de los casos examinados.
¿Qué encontró la investigación sobre alcaldes y prefectos?
La Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el asambleísta Cristian Benavides, desarrolló el proceso de fiscalización con información solicitada a 46 entidades públicas, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Para clasificar los expedientes se aplicó un sistema de alertas que consideró posibles incrementos patrimoniales superiores a la capacidad salarial de los funcionarios, antecedentes de investigaciones penales e incumplimientos tributarios.
Los resultados identificaron 41 expedientes de riesgo alto, 54 en nivel naranja, 90 en alerta verde y 66 sin alertas o pendientes de comprobación de registros.
La comisión aclaró que estas clasificaciones no constituyen una determinación de responsabilidades penales o administrativas.
Fiscalía y UAFE deberán revisar los expedientes
Con la aprobación del informe, el Legislativo resolvió remitir los casos prioritarios a los organismos de control para que actúen dentro de sus competencias.
La Fiscalía deberá evaluar si corresponde iniciar investigaciones penales; la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realizará análisis financieros y rastreo de activos, mientras que la Contraloría considerará exámenes especiales sobre las declaraciones patrimoniales.
También se recomendó al SRI efectuar verificaciones tributarias y ampliar las revisiones al entorno familiar o cercano de las autoridades cuando existan indicios que justifiquen examinar posibles casos de testaferrismo.
Las instituciones deberán informar a la Asamblea sobre las actuaciones iniciadas y sus avances dentro del plazo de 15 días establecido en la resolución.
Los nombres de las autoridades permanecen en reserva
El informe no identifica públicamente a los alcaldes y prefectos incluidos en las categorías de mayor riesgo.
Durante el debate legislativo se planteó mantener en reserva sus identidades para evitar señalamientos anticipados, especialmente por la proximidad de las elecciones seccionales.
La aprobación contó con el respaldo de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. Legisladores de Revolución Ciudadana, Pachakutik y el Partido Social Cristiano votaron en contra, en medio de cuestionamientos sobre las competencias de fiscalización del Parlamento.
La existencia de una alerta patrimonial no demuestra que una autoridad haya cometido enriquecimiento ilícito, lavado de activos u otro delito. Corresponderá a los organismos competentes verificar los indicios y determinar si existen fundamentos para iniciar o continuar procesos legales.
