Armada de Ecuador revisó pesquero sin hallar droga horas antes de ataque atribuido a EE. UU.
Un documento naval de ocho páginas registra que militares ecuatorianos inspeccionaron la embarcación el 17 de marzo y no encontraron cargamento ilícito. Horas después, un ataque con drones destruyó el barco. Sus ocupantes atribuyen el hecho a Estados Unidos y reclaman una indemnización.
Un informe de la Armada del Ecuador confirma que militares inspeccionaron el pesquero La Negra Francisca Duarte II sin encontrar droga ni combustible ilegal, horas antes de que un ataque con drones destruyera la embarcación el 17 de marzo de 2026, cerca de Galápagos.
El documento de ocho páginas forma parte de la demanda civil que 16 pescadores y el propietario de la nave presentaron contra Estados Unidos ante un tribunal federal de Pensilvania. Los demandantes reclaman USD 5 millones por los daños que atribuyen al ataque.
La inspección naval constituye uno de los principales elementos de prueba que presenta la defensa de los pescadores. Sin embargo, Estados Unidos no ha reconocido oficialmente su responsabilidad por este ataque específico.
Armada inspeccionó el pesquero antes del ataque
La Negra Francisca Duarte II zarpó de Manta el 2 de marzo de 2026 con 16 tripulantes para realizar actividades de pesca cerca de Galápagos.
El 17 de marzo, cuando regresaba hacia Manabí, una patrulla de la Armada ecuatoriana detectó la embarcación aproximadamente a las 04:00.
Los marinos de la guardacostas Isla San Cristóbal abordaron el pesquero y realizaron una inspección que duró alrededor de dos horas.
Según el informe naval, revisaron bodegas, equipos de pesca, víveres y documentos. No encontraron sustancias ilícitas ni combustible no autorizado.
No obstante, observaron diferencias entre la información registrada al zarpar y el personal y las embarcaciones auxiliares que encontraron durante la revisión. Por esas inconsistencias emitieron una citación administrativa.
Tras finalizar el procedimiento, autorizaron al pesquero a continuar navegando hacia Manta.
Dos drones atacaron la embarcación horas después
La tripulación sostiene que dos drones armados se aproximaron al barco durante la tarde del 17 de marzo.
Según la demanda, los aparatos dispararon proyectiles que provocaron un incendio y destruyeron la nave.
Los 16 pescadores sobrevivieron, aunque dos sufrieron quemaduras graves. Los demás tuvieron que abandonar el barco y refugiarse en embarcaciones auxiliares.
Los demandantes también aseguran que posteriormente hombres armados los retuvieron a bordo de otra embarcación y los trasladaron a El Salvador.
Estas circunstancias forman parte de las acusaciones presentadas ante la justicia estadounidense.
Pescadores reclaman USD 5 millones a Estados Unidos
El 16 de noviembre, los pescadores y el propietario presentaron una demanda ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Pensilvania, en Pittsburgh.
El abogado estadounidense Daniel Kovalik representa a los demandantes, quienes reclaman una indemnización por las lesiones, el daño psicológico y la pérdida de su embarcación.
También solicitan medidas judiciales para detener los ataques letales contra barcos presuntamente vinculados con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
El expediente, identificado como 2:26-cv-02459, quedó bajo conocimiento de la jueza Marilyn J. Horan.
La demanda sostiene que el ataque carecía de justificación y que los pescadores no participaban en actividades criminales.
¿Qué demuestra el informe de la Armada?
La inspección documentada por los militares ecuatorianos demuestra que, durante esa revisión, no encontraron cargamento ilegal en el pesquero.
Sin embargo, el resultado no permite establecer por sí solo qué ocurrió durante todas las horas posteriores ni identificar a quienes ordenaron el ataque.
El abogado Kovalik considera que el informe fortalece el reclamo de los pescadores porque acredita una revisión previa de las autoridades ecuatorianas.
El documento también plantea preguntas sobre la información que utilizaron los responsables del ataque para considerar a la embarcación como un posible objetivo.
El Gobierno estadounidense ha reconocido otras operaciones contra embarcaciones que identifica como vinculadas con el narcotráfico. No obstante, según Reuters, las autoridades estadounidenses habían señalado que no disponían de información sobre el ataque específico contra La Negra Francisca Duarte II.
Human Rights Watch ya había investigado el caso
Antes de que los pescadores presentaran la demanda, Human Rights Watch examinó las circunstancias del incidente.
La organización entrevistó a tripulantes y familiares. También analizó registros de ubicación marítima y datos satelitales.
Su investigación identificó la presencia de la patrulla ecuatoriana en el área de navegación y una señal térmica compatible con un incendio cerca de la última posición conocida del pesquero.
Human Rights Watch también recogió testimonios sobre la inspección previa y las lesiones que sufrieron dos ocupantes.
Estos hallazgos aportan información independiente sobre el incidente, aunque no resuelven todas las preguntas sobre su autoría.
La justicia estadounidense deberá examinar las pruebas
El proceso civil deberá establecer si los demandantes logran acreditar la responsabilidad que atribuyen a Estados Unidos y si corresponde ordenar una reparación económica.
Entre los elementos relevantes figuran el informe de la Armada, los testimonios de los sobrevivientes, los registros de navegación y las pruebas relacionadas con el ataque.
También permanece pendiente una explicación oficial estadounidense sobre lo ocurrido con la embarcación ecuatoriana.
Mientras avanza el litigio, los pescadores mantienen su reclamo por la destrucción del barco y las consecuencias que el incidente provocó en sus vidas y actividades económicas.





