Luisa González sigue presa por el caso Laberinto mientras el correísmo no logra movilizar a sus bases
La excandidata presidencial cumple prisión preventiva por una investigación de presunto lavado de activos vinculada con la campaña de 2023. Su defensa apeló la medida, mientras la Revolución Ciudadana enfrenta cuestionamientos por su limitada respuesta política.
Luisa González continúa en prisión preventiva por el caso Laberinto, mientras la Revolución Ciudadana intenta articular una respuesta política frente a la investigación por presunto lavado de activos que involucra el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. La excandidata permanece recluida en la cárcel de Riobamba desde el 23 de octubre de 2026, después de que un juez acogiera la solicitud de la Fiscalía General del Estado.
La investigación examina el presunto movimiento de aproximadamente 500.000 dólares, que habrían sido utilizados para financiar publicidad y otros gastos electorales mediante recursos de origen ilícito.
Aunque la dirigencia correísta ha denunciado persecución política y convocado a sus simpatizantes a movilizarse, las acciones públicas de respaldo a González han tenido una participación limitada, según un análisis publicado por Primicias el 31 de octubre.
En paralelo, su defensa presentó una apelación para que pueda afrontar el proceso judicial en libertad.
Luisa González y el caso Laberinto: ¿qué investiga la Fiscalía?
El 22 de octubre, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en Pichincha y Manabí. González fue detenida en su domicilio, ubicado en la parroquia Canuto, provincia de Manabí.
Al día siguiente, un juez dictó prisión preventiva contra la excandidata presidencial, el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil.
Una cuarta procesada, Estefanía Molina, recibió medidas alternativas que incluyen presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y vigilancia electrónica.
Según la Fiscalía, la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023 habría recibido fondos procedentes de actividades relacionadas con la comercialización ilegal de hidrocarburos.
La investigación menciona a la empresa Ternape, vinculada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. De acuerdo con la hipótesis fiscal, se habrían realizado transferencias bancarias a proveedores de publicidad y emitido cheques al portador para cubrir gastos logísticos.
Los investigadores buscan establecer el origen, recorrido y destino del dinero, así como determinar la participación de cada persona procesada.
Defensa de Luisa González apela la prisión preventiva
El abogado Diego Guarderas formalizó el 26 de octubre el recurso de apelación contra la medida cautelar.
La defensa sostiene que la Fiscalía no ha presentado elementos suficientes para demostrar que González conociera el presunto origen ilícito de los recursos utilizados durante su campaña.
Guarderas también argumentó que su defendida tiene vínculos familiares, laborales y sociales en Ecuador, por lo que considera innecesario mantenerla privada de libertad mientras se desarrolla la investigación.
Además, solicitó considerar su situación familiar y las necesidades médicas que ha expuesto durante el proceso.
El recurso fue admitido a trámite y deberá ser conocido por una Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. La revisión judicial determinará si se mantiene la prisión preventiva o se sustituye por otras medidas.
Mientras no exista una resolución que modifique la orden, González continuará bajo la medida cautelar impuesta el 23 de octubre.
Revolución Ciudadana denuncia persecución política
La detención de González provocó el rechazo de la dirigencia de Revolución Ciudadana.
El movimiento calificó el procedimiento como arbitrario e inconstitucional y denunció una presunta utilización del sistema judicial contra figuras de la oposición.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la organización, convocó a sectores sociales y políticos a pronunciarse contra la medida.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa expresó su rechazo mediante publicaciones en redes sociales y cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa.
González también difundió un mensaje desde la audiencia judicial en el que pidió a sus simpatizantes mantener la resistencia política.
Estas declaraciones contrastan con la posición de la Fiscalía, que sostiene que su actuación responde a indicios sobre posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento electoral irregular.
El correísmo enfrenta dificultades para movilizar a sus simpatizantes
Pese a los llamados de sus dirigentes, la respuesta política en respaldo a González no ha alcanzado la movilización que buscaba la organización.
Un análisis publicado por Primicias el 31 de octubre señala que las acciones de respaldo se han concentrado en actos simbólicos y pronunciamientos, sin una participación amplia de la militancia ni un acompañamiento consistente de toda la dirigencia.
La publicación describe una respuesta política limitada, mientras los abogados de González concentran sus esfuerzos en conseguir la revisión de la prisión preventiva.
Sin embargo, la ausencia de grandes movilizaciones no permite establecer por sí sola cuánto respaldo conserva la excandidata entre los simpatizantes del correísmo.
La situación también expone diferencias en la manera de enfrentar el proceso: mientras algunos dirigentes buscan ampliar las expresiones de solidaridad, otros mantienen un discurso de confrontación política.
El movimiento deberá resolver cómo coordinar su respuesta institucional y judicial en un momento en que varios de sus dirigentes enfrentan procesos penales.
Revolución Ciudadana sigue suspendida antes de las elecciones seccionales
La situación de González coincide con las restricciones que enfrenta su organización política de cara a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.
El Tribunal Contencioso Electoral dispuso el 6 de marzo la suspensión provisional de Revolución Ciudadana por nueve meses, dentro de una causa iniciada a petición de la Fiscalía.
La medida ha impedido la participación del movimiento bajo su propia denominación electoral en los próximos comicios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó esta situación en un pronunciamiento sobre la participación política plural en Ecuador. El organismo señaló que la suspensión fue dictada dentro de un procedimiento relacionado con una investigación penal, sin constituir una declaración de responsabilidad sobre el fondo del caso.
La investigación conocida como Caja Chica, relacionada con posibles irregularidades en el financiamiento electoral, constituye otro antecedente judicial que afecta a la organización.
¿Qué sigue en el caso Laberinto?
La instrucción fiscal tiene una duración prevista de 90 días. Durante ese período, la Fiscalía continuará recopilando documentos, información financiera y otros elementos relacionados con los recursos utilizados en la campaña presidencial de 2023.
Por otra parte, la defensa de González deberá sustentar ante la Corte Provincial de Pichincha su pedido para sustituir la prisión preventiva.
La resolución de esa apelación será el próximo paso judicial relevante para la excandidata, mientras la Revolución Ciudadana enfrenta simultáneamente las consecuencias políticas de su suspensión electoral y las investigaciones contra varios de sus integrantes.