Caso Caja Chica Fiscalía allanó casa de Luisa González

La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos este miércoles en varios inmuebles, incluida la casa de Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, como parte de la investigación denominada caso Caja Chica, por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos relacionada con la campaña presidencial de 2023.

El Ministerio Público sostiene que se investiga un posible ingreso de dinero ilícito desde el extranjero, presuntamente desde Venezuela, para financiar actividades proselitistas. Los allanamientos —realizados en coordinación con la Policía Nacional en provincias como Pichincha y Guayas— tuvieron como fin recabar evidencias que permitan determinar el origen y destino de los recursos bajo análisis.

Aunque la Fiscalía sostiene que la investigación está en una fase preliminar y no hubo detenciones durante los operativos, la acción ha generado un intenso debate público y político en Ecuador. Para muchos analistas y líderes de oposición, la rapidez con que se dio el allanamiento a la vivienda de González —una figura política prominente— plantea dudas sobre la separación entre el poder judicial y dinámicas políticas en el país.

El caso involucra a ocho personas investigadas, entre ellos el expresidente Rafael Correa, los excandidatos presidenciales Andrés Arauz y otros funcionarios vinculados con la Revolución Ciudadana, así como exfuncionarios como Patricio Chávez y Suad Manssur.

Correa reaccionó de inmediato en redes sociales, denunciando que la investigación se inició a partir de una denuncia reservada presentada en noviembre de 2025 cuyo contenido aún no se ha dado a conocer públicamente, y calificó las acciones de la Fiscalía como parte de una persecución política.

Además, este episodio se suma a otra situación legal que enfrenta González: un proceso separado relacionado con presuntas infracciones electorales declaradas por el Tribunal Contencioso Electoral, que ella afirma vulneraron su derecho a la defensa.

Este caso abre preguntas complejas en el espacio público ecuatoriano: ¿está la justicia actuando con total independencia o existe un uso estratégico de investigaciones para afectar a opositores políticos? ¿Cuál es el balance entre investigar posibles delitos electorales y preservar la legitimidad de los procesos democráticos?

Mientras tanto, la Fiscalía continuará con la fase preliminar de la investigación, y el país espera que se transparenten los elementos que sustentan las actuaciones, sin que la política opaque los principios fundamentales del Estado de derecho.