Detienen al director de la ANT y 9 funcionarios en operativo anticorrupción en el ‘Caso Jaque’

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador detuvieron a 10 personas, entre ellas el director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, Pedro Abril, en el marco del operativo denominado Caso Jaque. La acción busca desarticular una presunta estructura de delincuencia organizada infiltrada en la ANT, dedicada al cobro ilegal de dinero por trámites internos, según las autoridades.

La madrugada de este viernes 30 de enero de 2026, equipos de investigación ejecutaron 23 allanamientos en oficinas de la ANT y viviendas de los funcionarios investigados en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. Las autoridades incautaron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, documentación, licencias de conducir, joyas y grandes cantidades de dinero en efectivo, todos incorporados como indicios en el expediente.

Los investigadores presumen que la red criminal vinculada con la ANT cobraba entre 150 y 200 dólares por agilizar trámites como la emisión de licencias de conducir y asignación de frecuencias, lo que habría generado un perjuicio al Estado que supera los 3 millones de dólares. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que parte de los miembros de esta presunta red podrían tener vínculos con la banda criminal ‘Los Choneros’, señalando la gravedad de la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales.

Como parte de las medidas, el gobierno ordenó el cierre temporal de todas las oficinas de la ANT a nivel nacional por al menos 30 días para facilitar la investigación, revisar los sistemas internos y depurar la entidad. Esto ha generado incertidumbre en miles de ciudadanos con trámites pendientes, como la renovación de licencias de conducir, que quedaron suspendidos mientras se reorganizan los servicios.

La investigación, que se inició en julio de 2025, tiene como objetivo establecer el alcance total de la red de corrupción, determinar responsabilidades e identificar si existen más personas implicadas en el presunto esquema de cobros ilegales.