Caso Progen suma 31 procesados: Fiscalía expone chats sobre firmas retroactivas
La investigación por presunto peculado abarca USD 104,37 millones pagados como anticipo por generadores que no entraron en funcionamiento.
El Caso Progen suma 31 procesados por presunto peculado tras la vinculación de diez personas adicionales. La investigación se concentra en los contratos suscritos en 2024 entre Celec y Progen Industries LLC para instalar generación termoeléctrica en Salitral y Quevedo.
Los contratos alcanzaron USD 149,1 millones y buscaban incorporar 150 megavatios al sistema eléctrico. Celec entregó el 70 % como anticipo, equivalente a USD 104,37 millones, monto que la Fiscalía considera como el presunto perjuicio al Estado.
Según la tesis fiscal, los generadores entregados no eran nuevos, presentaban incompatibilidades técnicas y nunca entraron en funcionamiento durante la crisis energética.
Diez nuevos procesados en el Caso Progen
La vinculación de diez personas se produjo el 24 de agosto de 2026 y amplió por 30 días la instrucción fiscal. Esta etapa permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre.
Entre los nuevos procesados constan José Manuel De Oliveira Allu, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, y Peter Christian Dreher Pozo, exasesor de esa cartera. Los demás vinculados estuvieron relacionados con áreas técnicas, jurídicas y de administración contractual de Celec.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los diez procesados y pidió difusión roja de Interpol para cuatro de ellos. La Corte Nacional de Justicia convocó para las 16:00 de este 27 de agosto la resolución sobre las medidas cautelares.
Chats sobre firmas retroactivas y prórrogas
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó conversaciones de WhatsApp obtenidas mediante una pericia informática. Los mensajes harían referencia a firmas retroactivas, cambios en informes y modificaciones de plazos contractuales.
Según la investigación, estas actuaciones habrían permitido conceder prórrogas a Progen, evitar multas y justificar los desembolsos.
Equipos usados y problemas en las placas
La Fiscalía sostiene que los equipos entregados para Salitral y Quevedo no eran nuevos ni cumplían con las condiciones técnicas establecidas. Los generadores debían aportar 150 megavatios, pero no entraron en operación.
Los informes revisados también registran inconsistencias en los años de fabricación, números de serie y modelos. Algunas placas presentaban doble escritura, lo que impedía identificar correctamente los datos de los equipos.
Progen no estaba domiciliada en Ecuador
La Superintendencia de Compañías informó ante la Comisión de Fiscalización que Progen Industries LLC nunca concretó su domiciliación en Ecuador y, por tanto, no estuvo bajo su control.
La empresa solicitó autorización para abrir una sucursal en abril de 2025. El trámite fue observado y posteriormente archivado porque las observaciones no fueron subsanadas, según la información presentada ante la Comisión de Fiscalización.
Investigan la ruta del dinero
Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico rastreó parte de los fondos entregados por Celec. Según ese reporte, recursos transferidos por Progen habrían pasado por otras empresas antes de dirigirse a operaciones inmobiliarias en Samborondón y Guayaquil.
La investigación financiera señala que alrededor de USD 20 millones habrían sido transferidos a Astrobryxa. De ese monto, USD 3,1 millones habrían pasado a Gestores Inmobiliarios Lightblue para compras y reservas de bienes raíces, de acuerdo con información publicada sobre la ruta del dinero.
Contraloría reporta hallazgos por USD 84 millones
La Contraloría informó a la Comisión de Fiscalización sobre responsabilidades civiles relacionadas con USD 84 millones. Esta cifra comprende USD 69,6 millones correspondientes a Salitral y Quevedo, además de USD 14,4 millones vinculados con repotenciación y supervisión en Catamayo.
Este monto no reemplaza los USD 104,37 millones investigados por la Fiscalía. La primera cifra corresponde a hallazgos y responsabilidades determinados en exámenes de Contraloría; la segunda representa el presunto perjuicio señalado dentro del proceso penal.
La Contraloría también reportó sanciones administrativas contra 22 personas, nueve informes con posibles indicios de responsabilidad penal y 49 exámenes patrimoniales. Ocho de estos últimos habían concluido y 41 permanecían pendientes.
La Comisión de Fiscalización debía presentar hasta el 28 de agosto su informe sobre la ruta del dinero y las irregularidades detectadas en los contratos de Salitral, Quevedo y Catamayo.
Las vinculaciones y medidas cautelares forman parte de un proceso penal en curso y no constituyen una sentencia.
