Fiscalía allana UPC de Iñaquito por presunta venta de pases policiales
Una persona fue detenida durante el operativo y los agentes incautaron una laptop y un teléfono celular.
Un allanamiento a la UPC de Iñaquito formó parte de un operativo ejecutado este 27 de agosto por la Fiscalía y la Policía Nacional. La investigación se desarrolla por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la gestión irregular de pases policiales.
La intervención incluyó dos allanamientos en inmuebles de Quito. Uno de los procedimientos se realizó en la Unidad de Policía Comunitaria del Circuito Iñaquito, ubicada en el norte de la capital.
¿Qué se investiga?
La Fiscalía investiga un posible mecanismo para tramitar pases o cambios de destino de servidores policiales a cambio de dinero. Las diligencias buscan establecer cómo se habrían gestionado los traslados y determinar la participación de las personas involucradas.
Durante el operativo fue detenido un policía mientras se encontraba en formación junto con otros uniformados, según imágenes difundidas por la Fiscalía. La aprehensión se realizó con fines de formulación de cargos.
Dispositivos serán sometidos a pericias
Durante el allanamiento a la UPC de Iñaquito y la intervención en el segundo inmueble, los agentes levantaron una computadora portátil y un teléfono celular.
Los dispositivos fueron incorporados como indicios dentro del expediente. Su contenido deberá ser analizado mediante pericias para determinar si guarda relación con la presunta gestión de pases policiales.
¿Qué es el tráfico de influencias?
El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal establece que el tráfico de influencias ocurre cuando un servidor público o una persona que ejerce una potestad estatal utiliza las facultades de su cargo, o una relación personal o jerárquica, para influir en otro funcionario.
La conducta se configura cuando busca obtener un acto o resolución que genere un beneficio económico o inmaterial para el responsable o para terceras personas.
El delito de tráfico de influencias se sanciona con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
La detención y la formulación de cargos corresponden a etapas iniciales del proceso penal y no determinan la responsabilidad de la persona investigada.
